Bacalar: los dos magistrados electos votaron por la Sedena y el de carrera por la laguna

Lo que consta

Desde junio de 2025, un juzgado de distrito en Chetumal había suspendido, primero de forma provisional y luego definitiva, la construcción de un inmueble de la Secretaría de la Defensa Nacional a la orilla de la laguna de Bacalar, frente al Fuerte de San Felipe. El amparo lo promovieron las organizaciones Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Proyecto de Justicia Común, según reportaron Quinta Fuerza, Grupo Animal y Sol Quintana Roo.

En noviembre de 2025, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, revocó esa suspensión. La votación fue dividida: la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos y el magistrado Aarón Alberto Pereira Lizama, ambos electos por voto popular el 1 de junio de 2025, votaron por revocar; el magistrado Teddy Abraham Torres López, de carrera judicial, votó en contra. El argumento de la mayoría fue que las organizaciones carecían de “interés legítimo” para obtener la medida. Sol Quintana Roo identificó el expediente como el amparo 271/2025 y la fecha de la revocación como el 12 de noviembre. Días después, el Diario de Yucatán reportó que la obra se reanudó.

El abogado de las organizaciones, José Mario de la Garza, calificó al tribunal como uno “que ya no garantiza imparcialidad, que se inclina abiertamente a favor de la Sedena”.

Lo que opinamos

No discutimos aquí si la casa de descanso militar es buena o mala para Bacalar. Discutimos algo previo: la Suprema Corte lleva más de una década construyendo el criterio de que, en materia ambiental, el interés legítimo debe leerse con flexibilidad, porque el daño a un ecosistema afecta a colectividades enteras. Un tribunal puede apartarse de ese criterio, pero tiene que explicar por qué, y explicarlo a la vista de todos.

Nos preocupa la coincidencia. Los dos votos por la Sedena son de los dos magistrados que deben su cargo a una elección organizada por el Estado; el voto por la laguna es del único magistrado que no pasó por la boleta. Puede ser casualidad. Pero cuando la primera decisión de alto impacto de un tribunal renovado favorece al gobierno que impulsó la reforma que lo renovó, la carga de la explicación recae en el tribunal, no en quienes lo cuestionan.

Qué seguiremos

Solicitaremos al Tribunal la versión pública de la ejecutoria y del voto particular del magistrado Torres López. Abrimos expediente público a los magistrados Bolio Pasos y Pereira Lizama, y publicaremos íntegra cualquier postura que envíen. Este es el tipo de decisión por la que los jueces electos deben rendir cuentas: no por su ideología, sino por sus razones.