Las dos puertas de la justicia familiar en Cancún: una manzana podrida y la otra al lado

Marcela del Pilar Campos ChaléJuzgado Primero de Instrucción familiar

Magali Alonso AlcocerJuzgado Segundo de Instrucción familiar

Esta columna nace con una denuncia ciudadana. La hacen abogados de Cancún que durante un año han recibido vejaciones —insultos, malos tratos, humillaciones frente a sus clientes— en un juzgado familiar, y que no pueden firmar con su nombre porque tienen asuntos vivos ahí y temen que hablar les cueste a la gente que representan. Su denuncia apunta sobre todo a una persona: la jueza Magali Alonso Alcocer, titular del Juzgado Segundo de Instrucción familiar. Y al lado de ella, a otra: Marcela del Pilar Campos Chalé, titular del Juzgado Primero. Lo que sigue es lo que cuentan, lo que consta en documentos públicos, y lo que este medio piensa de todo ello.

Si usted vive en Cancún y necesita que un juez le fije una pensión para sus hijos, le dé la custodia o lo proteja de alguien que lo golpea, su asunto entra por una de esas dos puertas. Se llaman juzgados “de instrucción” porque ahí se prepara todo antes de que un juez decida: ahí se reciben los papeles, se avisa a la otra parte, se ordenan las pruebas. Si esa puerta se atora, todo lo demás se atora. Este año las dos puertas han sido señaladas en público, por gente distinta y por motivos distintos. Esta es la historia de su primer año, y de quién las cuida.

Empecemos por la Segunda, que es de donde salen las quejas más duras. Magali Alonso Alcocer llegó a la boleta del 1 de junio de 2025 con el apoyo de un solo poder: el Ejecutivo del Estado. Así consta en la lista oficial del Instituto Electoral. Casi todas sus compañeras de categoría llevaban también el aval del Congreso y del propio Poder Judicial; ella no. Tampoco aparece en la lista de las personas mejor evaluadas que hizo el Comité del Congreso, donde sí están once de los que compitieron con ella. Y hay un detalle que ningún documento explica: el Comité del propio Ejecutivo la había declarado apta el 2 de marzo, con el número 37, para ser magistrada, que es un cargo más alto; terminó en la boleta como jueza. Su hoja de vida de campaña dice que trabajaba como abogada de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 de los Servicios Estatales de Salud desde agosto de 2023, y que antes fue directora jurídica de Desarrolladora de la Riviera Maya, la empresa de mayoría estatal que la Fiscalía cateó en 2024 por presunta administración fraudulenta. No dice en qué años estuvo ahí. No menciona un solo día de trabajo en un juzgado.

Por esa plaza compitieron diecinueve personas para quince lugares. Ganaron las quince que llevaban el respaldo del Ejecutivo. Perdieron las cuatro que no lo llevaban, entre ellas una de las mejor evaluadas por el Congreso. Eso también consta en la lista oficial.

Desde que tomó protesta, el 1 de septiembre de 2025, los abogados que litigan ante ella han presentado quejas en su contra ante los órganos de administración y disciplina del Poder Judicial, a lo largo de todo el año. Esta redacción las tiene a la vista. Cuentan tres cosas. Malos tratos a los abogados y a las personas que van a su juzgado. Insultos en el despacho y en plena audiencia, delante de los clientes. Y lo que los propios quejosos llaman incapacidad para el cargo: acuerdos vagos, criterios que cambian de un caso a otro, decisiones que no corresponden a la ley que dicen aplicar. Abogados con veinte años de oficio cuentan que salieron de una consulta insultados por preguntar por el estado de un asunto. Su propio personal la describe tratado con desprecio. En la evaluación interna más reciente salió reprobada, y no solo por los litigantes: la reprobó la gente que trabaja con ella todos los días. Ninguna de esas quejas tiene una respuesta conocida. Ningún abogado aceptó dar su nombre, y todos dieron la misma razón. Esta columna respeta esa reserva y la anota como lo que es: una prueba más de cómo está la justicia en Cancún.

Ahora la puerta Primera. Marcela del Pilar Campos Chalé es, en el papel, todo lo contrario: quince años de carrera en el Poder Judicial, funciones de juez desde 2021, jueza desde 2023, apoyada por los tres poderes y mejor evaluada por el Congreso. La jueza que la reforma pondría en un folleto.

El 6 de noviembre de 2025, los colectivos de mujeres agrupados en el Frente Feminista Quintana Roo —Colectivo Femenil Xtabay, Red de Víctimas Quintanarroense, Madres Buscadoras, Red de Madres Vicarias de Cancún— la señalaron por su nombre. Según publicó Luces del Siglo, la acusaron “por haber autorizado convivencias entre el agresor y las hijas de Celia todos los sábados”, a pesar de que “los peritajes psicológicos confirmaron el temor de las menores hacia su padre”, y por haber “ignorado las demandas de divorcio, guarda, custodia y pensión alimenticia presentadas por la víctima, mientras que se da curso a las peticiones del agresor”. Celia Ivette había denunciado violencia familiar, violencia vicaria, golpes, un intento de feminicidio y robo. El 27 de octubre le quitaron las medidas de protección de sus dos hijas. Los colectivos le pidieron a la gobernadora sanciones por “omisiones y posibles actos de corrupción”. Nadie del Poder Judicial contestó.

Ocho meses después, el 15 de julio de 2026, una madre denunció que la gestora judicial del juzgado de Campos Chalé —la persona que lleva las notificaciones y el orden de los expedientes— mantiene una relación sentimental con el padre de sus hijos, que tiene dos juicios abiertos en ese mismo juzgado, y que es además la persona que sus hijos señalan como quien los maltrata durante las convivencias. Un juez federal le concedió una suspensión definitiva para proteger a los niños. El padre, según ella, presumía tener “gente dentro del juzgado”. El 24 de agosto, abogados litigantes ampliaron la denuncia: notificaciones que tardan hasta tres meses dentro de la misma ciudad, un expediente personal de la gestora con movimiento este año, una jefa administrativa que “tendría conocimiento” y sería su amiga, y, con estas palabras, “cuestionaron la actuación de Marcela del Pilar Campos Chale, identificada como jueza de Instrucción, al considerar que parte de las dificultades que enfrentan para obtener actuaciones oportunas también se presenta en procedimientos bajo la operación del juzgado”. Al día siguiente, 24 Horas Quintana Roo escribió que el conflicto de interés fue “presuntamente solapado por la titular Maritza Pantoja y la jueza Marcela Campos”. Tampoco esta vez contestó nadie.

Y ahora lo que une a las dos puertas. Los abogados que tienen asuntos en los dos juzgados cuentan lo mismo sin haberse puesto de acuerdo: las dos juezas resuelven con acuerdos que parecen escritos por la misma mano. Mismo razonamiento, mismas frases, mismas negativas. Quien litiga en el Primero ya sabe qué le van a contestar en el Segundo. Del Segundo cuentan una jueza que insulta, que no escucha una consulta sin convertirla en pleito, que trata a su personal con desprecio y a los litigantes como estorbo. Del Primero cuentan semanas para una notificación y promociones de una parte que avanzan mientras las de la otra duermen. De las dos cuentan criterios vagos que nadie sabe de dónde vienen, y pleitos dentro del juzgado y del distrito porque nadie logra que dos juezas de instrucción digan lo mismo dos veces. Son testimonios recibidos a lo largo de 2026, con reserva de identidad. No son acusaciones probadas: es lo que dicen quienes lo viven, y coinciden.

Hay una explicación cómoda para cada juzgado por separado. Alonso Alcocer sería el accidente de la reforma: la persona que nadie con toga habría elegido y que el Ejecutivo eligió. Campos Chalé sería la jueza de carrera con un mal caso y una gestora incómoda. Dos historias, dos explicaciones, todos tranquilos.

Nosotros creemos que es una sola historia, y la cuentan los acuerdos. Una jueza sin experiencia no inventa un criterio: lo toma prestado de la primera que se lo ofrece. Y creemos, y lo decimos con todas sus letras, que Marcela del Pilar Campos Chalé, con oficio, con uñas y con mañas, tiene cooptada a una jueza que no tiene criterio propio porque no tiene con qué tenerlo: ni experiencia, ni carrera, ni el respaldo de nadie más que del poder que la puso ahí. Una manzana podrida no pudre el cajón sola; necesita otra al lado, y la de al lado llegó blanda. El resultado son dos juzgados que resuelven igual de mal, con criterios vagos y mezquinos, que dejan a las familias de Cancún esperando meses por una notificación y a las niñas de Celia conviviendo con su agresor cada sábado.

Y a partir de ahí, la pregunta que nadie en el Poder Judicial quiere responder: ¿quién protege esto? Un año entero de señalamientos públicos contra dos juzgados. Colectivos que le escriben a la gobernadora. Una madre con un amparo ganado. Abogados que se quejan pero no pueden firmar. Un personal que reprueba a su propia jueza. Y ni una visita, ni una medida, ni un comunicado. Eso no es lentitud. Eso es una decisión. Y las decisiones en el Poder Judicial de Quintana Roo las toma el magistrado presidente, Heyden Cebada Rivas, el mismo que llegó al cargo con una impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre su designación y desde ahí rindió, en agosto, un informe anual sin una sola cifra de quejas contra jueces. La pregunta es una sola, y es para él: ¿existe alguna razón, institucional o personal, por la que la instrucción familiar de Cancún no ha sido intervenida?

Aquí conviene ser justos con la reforma judicial, porque ha cumplido todo lo que prometió, solo que al revés. Prometió jueces cercanos al pueblo, y Cancún tiene una jueza tan cercana que insulta en persona. Prometió acabar con el amiguismo, y colocó en la boleta a una abogada de la Jurisdicción Sanitaria con el aval de un solo poder, sin pasar por la lista de mérito del Congreso. Prometió rendición de cuentas, y entregó un Tribunal de Disciplina estatal que en un año no ha publicado cuántas quejas tiene; el federal, al menos, presume 6,025 quejas y 11 suspensiones, ninguna de ellas en Quintana Roo. Prometió legitimidad de las urnas, y consiguió que votara alrededor del 12 por ciento de la gente, con guías impresas que decían por quién. Todo por 226 millones de pesos: dos millones por cargo, el quinto costo por juez más alto del país. Un negocio redondo. Pagamos el juez más caro para obtener el más silencioso.

La reforma judicial es el mayor desmontaje institucional de la historia moderna de México, y no lo decimos por sus intenciones sino por su inventario. Destruyó la carrera judicial como camino: hoy vale más un padrino que quince años de expedientes, y Campos Chalé y Alonso Alcocer están en la misma boleta, con el mismo cargo y el mismo sueldo, para demostrarlo. Destruyó el filtro técnico: un comité del Ejecutivo evalúa para un cargo y postula para otro sin explicar nada, y nadie puede preguntarle. Destruyó la vigilancia: los órganos que existían para vigilar a los jueces fueron sustituidos por tribunales que no informan. Y destruyó la vergüenza: un juez electo pierde su constancia por no reportar sus gastos de campaña —Iván Manuel Ayuso Osorio, número 38 de la misma lista en la que Alonso Alcocer es el 37— y un año después nadie informa quién ocupa su silla.

Esas son las personas que representan el fenómeno en Quintana Roo, y las nombramos porque el sistema fue diseñado para que nadie las nombrara. Pero si hay que escoger un rostro para el primer aniversario, es el de Magali Alonso Alcocer. No porque sea la peor jueza del estado —no lo sabemos, porque nadie publica los datos— sino porque es la prueba más limpia de cómo funciona el mecanismo: evaluada para un cargo, colocada en otro, ausente de las listas de mérito, respaldada por un solo poder, sin carrera, reprobada por su personal, denunciada por los abogados a los que veja, cooptada por la vecina, y protegida por un silencio de un año que ningún juez de carrera habría conseguido. La reforma no la eligió a pesar de todo eso. La eligió por todo eso.

Una última cosa, para que quede escrita el día del estreno. Un juez tiene sobre una familia un poder que ningún otro funcionario tiene: decide con quién duerme un niño, de qué vive una madre, cuánto dura una espera. Contra ese poder no hay elección que sirva —ya la tuvimos, y costó 226 millones— ni informe que alcance, porque lo rinden ellos mismos y sin números. Solo queda una cosa: que la gente que hace fila cuente lo que le pasó, con nombre y con fecha, y que alguien lo publique. La queja ciudadana convertida en análisis es el único contrapeso que le queda al poder sin límites. Esta columna existe para eso.