El abrazo del magistrado: Cebada Rivas felicita a 'su amigo' Gino Segura con el cargo en duda ante la Corte

La fotografía la subió él mismo. El 15 de septiembre, mientras Chetumal se preparaba para el Grito, el magistrado presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas, publicó en su página oficial de Facebook una imagen en la que abraza, guayabera con guayabera, a Eugenio “Gino” Segura, el senador de 32 años al que Morena acababa de designar horas antes como coordinador de la Cuarta Transformación en el estado, es decir, su candidato a gobernador. “Expreso mi más sincera felicitación a mi amigo Eugenio ‘Gino’ Segura”, escribió. “Te deseo mucho éxito en esta nueva encomienda, que estoy seguro asumirás con responsabilidad, compromiso y profundo amor por nuestro estado. ¡Enhorabuena, Gino!” Esa noche, el mismo magistrado estaba en el balcón del Palacio de Gobierno, junto a la gobernadora Mara Lezama, dando el Grito.

Hay que detenerse en esa foto, porque no es un desliz: es la biografía completa de Cebada Rivas resumida en un abrazo. Quien preside el poder que debe juzgar con imparcialidad al gobierno de Quintana Roo declara públicamente su amistad con el hombre que ese gobierno quiere que lo suceda, nueve meses antes de la elección. Y lo hace desde un cargo que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no debería ocupar.

Para entender cómo llegó ahí conviene volver a noviembre de 2021. Ese día el Congreso lo hizo magistrado con 21 votos, en una terna del gobernador Carlos Joaquín, y un reportero le preguntó si había sacado la lotería sin comprar boleto. Cebada tenía 41 años, era notario en Cancún y venía de ser síndico, secretario general y director de obras públicas de Mara Lezama en el Ayuntamiento de Benito Juárez. No había pisado un juzgado como juez, secretario ni proyectista. La Constitución del estado pide que las magistraturas recaigan “preferentemente” en quienes hayan servido en la impartición de justicia y respeten la paridad de género; el lugar, dijeron entonces abogados y organizaciones, debió ser para una mujer con carrera. Su esposa, Santy Montemayor Castillo, era diputada federal del Partido Verde; lo es de nuevo desde 2024. “Yo no estoy afiliado a ningún partido”, respondió él, y en la misma entrevista contó que fue Mara Lezama quien lo invitó a la política. Nueve meses después, en agosto de 2022, los doce magistrados del Pleno lo eligieron presidente por unanimidad. Noticaribe lo tituló con tres palabras: era bola cantada. Esa misma semana, según Callejo TV, ya asesoraba a la gobernadora electa en la entrega-recepción del gobierno del estado.

Lo que siguió fue una construcción paciente. La reforma judicial local de enero de 2025 excluyó a Cebada y a la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal de la elección popular en la que sí compitieron sus colegas, y les prorrogó el cargo ocho años, hasta 2033, sin pasar por una boleta. El 1 de septiembre de 2025, el día en que tomaron protesta los 117 juzgadores electos, el Pleno lo reeligió presidente por cuatro años más, en una sesión que la ley mandaba celebrar en agosto. Cuatro días después renunció Yaneth Faisal Padrón, integrante del nuevo Órgano de Administración Judicial, sin haber cumplido una semana; el órgano se mudó de Chetumal a Cancún contra lo que dice la Constitución sobre la sede de los poderes; y el 8 de septiembre se instaló una Junta de Coordinación que no existe en ninguna norma, con Cebada como presidente. El Heraldo lo resumió en dos palabras: crisis temprana. La reforma que prometía dispersar el poder judicial lo concentró en una sola persona.

Mientras tanto, los números. Según el censo del INEGI que analizaron 24 Horas y Cambio 22, en 2024 el Poder Judicial de Quintana Roo dictó 1,205 sentencias, lugar 30 de 32 en el país; Campeche, con la tercera parte del presupuesto, dictó 4,604, y Yucatán 10,270. Cada sentencia quintanarroense costó entre 740 mil y 851 mil pesos. En materia penal ingresaron más de 3,200 causas y se resolvieron 85. Al INEGI el Poder Judicial reportó haber gastado 891 millones; la Auditoría Superior del Estado registró 1,026. Sol Quintana Roo documentó contratos sin anexos por 10 millones en equipos de cómputo, 2.7 millones a una empresa por “licenciamiento” con la mitad pagada por adelantado, un juicio del propio magistrado contra el SAT para no pagar un crédito fiscal, y una fotografía suya en un evento social de la zona hotelera con vehículo oficial y escolta. Su Primer Informe de Actividades, en agosto de este año, no incluyó una sola cifra.

También hay voces que le hablan directamente. En agosto de 2025, frente a los juzgados orales de Cancún, Deyse Taboada, madre de una adolescente que denunció violencia de parte de la diputada de Morena Paola Moreno, dijo esto después de que la audiencia de apelación se difiriera otra vez: “Magistrado Heyden, si de verdad no tiene nada que ver con la funcionaria, por favor deje de impedir la audiencia con miles de pretextos”. Meses antes, en una rueda de prensa que el propio Gino Segura encabezaba para promover la elección judicial, el exdiputado Emiliano Ramos irrumpió con las Madres Buscadoras y advirtió que Quintana Roo tendría “un magistrado presidente que se va a convertir en un tirano del Poder Judicial”. Y el viernes pasado, frente a la presidenta Sheinbaum, una abogada con cinco niños víctimas de violencia vicaria y dos amparos ganados contó que había acudido a Cebada y que él no tomó cartas en el asunto. La gente le habla al magistrado por su nombre porque ya sabe que las instituciones que él preside no contestan.

El golpe llegó desde arriba. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnaron la reforma quintanarroense, y el 6 de julio de 2026 la Suprema Corte resolvió, por ocho votos contra uno, que la prórroga a 2033 era inconstitucional: una “prórroga indebida que evade el proceso de democratización judicial”. Con ella cayeron el nombramiento de Cebada como magistrado, el de Castillo Carvajal, las presidencias del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración, la integración de las Salas y la magistratura de adolescentes. El único ministro que votó por salvarlo fue Arístides Guerrero García, a quien el Congreso, el Poder Judicial y los ayuntamientos de Quintana Roo habían ayudado a promocionarse cuando era candidato a la Corte. La Corte validó, cinco votos a cuatro, que el presidente del Tribunal lo elijan los magistrados y no la ciudadanía; pero un presidente necesita ser magistrado, y esa es exactamente la norma que quedó sin efectos.

Lo que Cebada hizo con la sentencia dice más que la sentencia. Desde el Poder Judicial difundió la versión de que la Corte solo le había recortado la prórroga a 2028 y que podría reelegirse; Cambio 22 consultó a constitucionalistas y la calificó de falsa: la Corte no acortó nada, borró el párrafo entero. El coordinador de Morena en el Congreso, Jorge Sanén, adoptó la versión del magistrado el 13 de julio y anunció que legislarían para dejarlo hasta 2028, lo que exigiría inventar una prórroga nueva. Dos meses después no han legislado. El 4 de septiembre, el presidente de la Comisión Permanente, Saulo Aguilar, admitió que le contestaron a la Corte que Cebada “sigue siendo” magistrado y que están “a la espera a ver qué nos resuelve”, porque “es un tema procesal”. Es decir: el Poder Judicial de Quintana Roo lo preside hoy un hombre cuya magistratura fue invalidada por el máximo tribunal del país, sostenido por un Congreso que no sabe si lo sostiene y que no ha escrito la ley que lo sostendría. Once días después de esa confesión, el hombre abrazó al candidato.

Creemos que el problema ya no es Cebada Rivas, sino lo que su permanencia le impide al estado. Quintana Roo pagó 226 millones de pesos por una elección judicial que prometía cortar el cordón entre el gobierno y los jueces. El cordón sigue ahí, y tiene nombre y apellido: el síndico de la gobernadora preside a los jueces, la diputada del Verde es su esposa, el candidato del Verde y de Morena es su amigo, y el ministro que lo defendió fue promovido por su Congreso. Un Poder Judicial no puede renacer con la cabeza del sistema anterior puesta sobre el cuerpo del nuevo. Cada juez electo que quiera ser independiente tendrá que serlo a pesar de su presidente; cada litigante que enfrente al gobierno en 2027 sabrá de antemano de qué lado está la foto.

Nos parece grave que la Corte haya dicho lo que dijo y que nada haya pasado, pero nos parece más grave lo que sí pasó: que el magistrado usó los dos meses de silencio para instalarse en el balcón y en el abrazo. La única salida decente la tiene el propio Pleno del Tribunal Superior, que puede elegir una presidencia cuya magistratura exista, y el Congreso, que puede cumplir una sentencia en lugar de esperar a que la Corte se canse. Mientras eso no ocurra, cualquier familia de Cancún que entre a un juzgado familiar señalado, cualquier abogado que espere meses por una notificación, cualquier madre con una cartulina, está pidiendo justicia a una institución cuyo presidente ya eligió candidato. Él mismo lo escribió, y lo firmó con una foto.