La foto de familia: la cúpula del Poder Judicial subió al escenario del informe de la alcaldesa de Cancún

Ahí están, todos juntos y de blanco. En el escenario del Teatro de la Ciudad, en la foto oficial del Segundo Informe de la alcaldesa de Cancún, posan alrededor de la gobernadora Mara Lezama el magistrado presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. El poder que juzga al gobierno, el que revisa las sentencias y el que debe sancionar a los jueces, sonriendo a la misma cámara que el poder juzgado. Un día antes, en la sesión solemne del Cabildo, el Tribunal ya había mandado al magistrado José Raúl Galán Muedano a sostener el libro del informe municipal para otra fotografía.

Conviene poner cifras junto a esa sonrisa. En 2024 el Poder Judicial de Quintana Roo gastó 1,022 millones de pesos y dictó 1,205 sentencias: lugar 30 de 32 en el país, según el censo del INEGI. En materia penal ingresaron más de 3,200 causas y se resolvieron 85. Este año tiene aprobados 1,130 millones. El 10 de septiembre, el magistrado presidente anunció que contratará más personal para los juzgados civiles y familiares y dijo que primero “vamos a hacer análisis”: ni una cifra de rezago, ni una meta, ni una fecha. Para la foto siempre hay agenda; para los expedientes detenidos en un juzgado familiar de Cancún, nunca.

Tampoco llegaron ahí por casualidad. Los nueve magistrados del Tribunal Superior salieron de la lista que firmó el Poder Ejecutivo, que obtuvo 96,946 votos, contra 31,963 de la lista del Poder Judicial y 31,125 de la del Congreso; por encima de esas dos quedaron los 34,303 votos nulos. Votó el 12.86 por ciento de los electores. Uno de los electos, Galán Muedano, fue impugnado porque su título tenía tres años de antigüedad y la Constitución exige cinco de ejercicio profesional; el Tribunal Electoral no dijo que fuera falso, lo desechó por extemporáneo y advirtió que la práctica profesional “debe ser un elemento sustantivo y no meramente formal”. Y el Tribunal de Disciplina, la única puerta que le queda a un abogado o a una madre maltratados en un juzgado, se integró con un subsecretario del Trabajo —candidato en las listas de los tres poderes, 163,815 votos— y con una directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas.

La del lunes fue la cuarta ceremonia en cinco semanas. El 25 de agosto el magistrado presidente entregó su informe en manos de la gobernadora; el 6 de septiembre acompañó a la gobernadora en el suyo; el 15 de septiembre estuvo en el balcón del Grito y publicó una foto abrazando a Eugenio “Gino” Segura, recién designado candidato a la gubernatura, a quien llamó “mi amigo”; el 21 subió al escenario del informe de Cancún. Cuatro actos, ninguna sentencia anunciada. Y todo esto con una magistratura, la suya, que la Suprema Corte invalidó el 6 de julio por ocho votos contra uno.

Nada de ello es ilegal, y por eso importa decirlo con precisión: la división de poderes no se rompe con un delito, se gasta con una costumbre. Un juez no solo debe ser imparcial, tiene que parecerlo ante quien mañana demandará al ayuntamiento, ante la empresa que litiga un contrato con el estado, ante la mujer que lleva dos años esperando que le cumplan un amparo. Creemos que a nueve meses de la elección de gobernador, el escenario era el peor lugar donde el Poder Judicial podía pararse, y que nadie en ese escenario lo notó dice más que la fotografía misma.

El costo no es solo simbólico. En mayo, la presidenta de COPARMEX Quintana Roo, María Jovita Navarro, lo dijo sin rodeos: “Tenemos un Poder Judicial que no nos da muchas garantías (…) eso ha detenido y seguirá deteniendo las inversiones, mientras no nos den esa certeza, la inversión extranjera no entrará de lleno”. El presidente de Empresarios por Quintana Roo advirtió que la desconfianza institucional aleja capitales de un estado que vive de atraerlos. Nos parece que ahí está la cuenta que nadie lee en los informes: la obra que no se hará el año próximo porque hoy nadie confía en un juzgado.

Hay una salida y no cuesta un peso: que el Pleno acuerde y publique que ningún magistrado sube a un escenario ni representa al Poder Judicial en informes del gobierno del estado o de los ayuntamientos mientras corra el proceso electoral de 2027, y que el Tribunal publique cada mes, juzgado por juzgado, cuántos asuntos entraron y cuántas sentencias salieron. No requiere reforma, ni presupuesto, ni permiso: requiere preferir ser creído a ser invitado.

Porque en Quintana Roo hay dos filas. En una se posa de blanco y se sonríe. En la otra, sentada en una banca de juzgado, una señora espera desde 2018 que alguien lea su expediente. El lunes por la noche, el Poder Judicial volvió a elegir en cuál de las dos quería salir en la foto.