La cartulina amarilla: en Cancún hay que gritarle a la presidenta para que un juzgado lea dos amparos

El viernes 12 de septiembre, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum rendía su informe en el Malecón Tajamar de Cancún, una abogada levantó una cartulina amarilla que no aplaudía: “En Quintana Roo no hay justicia; solicitamos la remoción de la juez Aholibama (Torres Bui), violencia vicaria, expediente 1786/18”. Representa a tres de los cinco niños de ese expediente. El personal del evento intentó dos veces que la bajara. No la bajó.

Lo que contó después a Noticaribe cabe en cuatro líneas. El expediente lleva abierto desde 2018. Los cinco niños ya fueron declarados víctimas de violencia vicaria. Se ganaron dos amparos, es decir, dos veces un juez federal ordenó corregir lo que ese juzgado y la fiscalía hacían mal, y ninguno obedeció. La abogada fue con el magistrado presidente, Heyden Cebada Rivas, y no pasó nada. Por eso terminó gritándole a la presidenta: en su propio estado ya no quedaba nadie a quien gritarle.

La jueza de la cartulina, Aholibama Torres Bui, aparece en el directorio oficial del Poder Judicial como jueza de instrucción familiar en Cancún. Llegó por la elección de 2025 postulada por un solo poder, el Ejecutivo, y sin figurar entre las mejor evaluadas por el Congreso. Su propia hoja de vida de campaña dice: regidora de Benito Juárez, directora del Instituto Municipal de la Mujer de 2013 a 2018 y “sin actividades laborales reportadas desde 2018”. Ni un día en un juzgado. La mujer que dirigió cinco años el instituto que protege a las mujeres de Cancún es hoy la jueza acusada, frente a la presidenta, de dejar a cinco niños con dos amparos sin cumplir. Nadie le pidió que fuera perfecta. Se le pidió que leyera dos sentencias.

Con ella se cierra el círculo. En Cancún hay tres juezas de instrucción familiar, las tres puertas por donde entra cualquier pensión, custodia o medida de protección. Marcela del Pilar Campos Chalé fue señalada por colectivos feministas por autorizar convivencias entre un agresor y sus hijas, y por abogados por el conflicto de interés de su gestora. Magali Alonso Alcocer acumula quejas de abogados por insultos e incapacidad y una evaluación reprobada por su propio personal. Y ahora Torres Bui. Tres de tres. No hay una puerta sana, y dos de las tres las ocupan juezas sin carrera judicial que la gente no eligió porque las conociera, sino porque el Ejecutivo las puso en la boleta.

¿Quién responde? El hombre al que le tocaba, Cebada Rivas, tiene su propio problema: la Suprema Corte invalidó la prórroga que le regalaba el cargo hasta 2033, y el Congreso le contestó a la Corte que Cebada “sigue siendo” presidente, aunque admite que es “un tema procesal” y que está “a la espera”. La abogada fue a pedirle justicia a un presidente del Tribunal que hoy no sabe si es presidente del Tribunal. Un hombre que pelea por su silla no tiene tiempo para los niños del expediente 1786/18.

Esa misma semana el Poder Judicial sí hizo cosas: viajó a Querétaro a presumir “su experiencia en mediación”, la gobernadora firmó un convenio para “profesionalizar” a jueces que ya están juzgando, y el día de la cartulina anunció con orgullo “más de 70 personas facilitadoras” nuevas. Setenta mediadores y ni una respuesta a dos amparos. Esa es la proporción exacta entre lo que este poder presume y lo que resuelve.

¿Y el Tribunal de Disciplina? El 24 de diciembre un juez de control de Playa del Carmen, Jonathan Yong Mendoza, fue grabado golpeando a una mujer en el suelo, con un arma en la mano. Lo destituyeron el 12 de agosto. Ocho meses, con video, para el caso más fácil que ese tribunal tendrá en su vida. Calcule usted cuánto tardarán con las quejas contra tres juezas familiares, que no tienen video sino expedientes, acuerdos y niños.

La reforma judicial prometió jueces que le rindieran cuentas al pueblo. Un año después, en Cancún, el pueblo tiene que colarse a un mitin presidencial con una cartulina para que alguien se entere de que dos amparos no se cumplen. Eso no es rendición de cuentas: es un sistema que solo escucha cuando alguien más poderoso lo está mirando. Nosotros no tenemos la cámara de la presidenta. Tenemos esta columna, y la usamos para lo mismo: que quede escrito, con nombre y con fecha, que en septiembre de 2026 las tres juezas de instrucción familiar de Cancún están señaladas, dos amparos ganados por cinco niños siguen sin cumplirse, y el presidente del Tribunal no responde. Si le pasa lo que a la abogada de la cartulina, cuéntelo. Es lo único que a este poder todavía le da miedo.